Golpe a la imposición y la política de “les guste o no les guste” de Funes

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En lo que se considera un duro golpe contra la matonería y la política del “les guste o no les guste” de Funes —el mismo reclamado por el saqueo de $351 millones al Estado—, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el Sitramss, “negocito” que los efemelenistas montaron tomando los carriles centrales de la Alameda Juan Pablo II y el Bulevar del Ejército.

El Sitramss robó la idea del entonces alcalde de San Salvador, Norman Quijano, de usar buses articulados para el transporte en vías clave —como se utilizan en muchas ciudades del mundo con éxito, entre ellas Quito, Ecuador y Lyon en Francia—, pero sin afectar a la población.

En esas ciudades circulan buses articulados, pero en calles abiertas al tráfico normal. En otras, como Madrid, hay carriles para buses y taxis, pero los separadores pueden saltarse si el caso lo requiere.

El “negocito”, salvajada que por sí y ante sí autorizó el viceministerio de Transporte desquició el tráfico de la ciudad, destrozó muchas vías vecinales no preparadas para soportar transporte pesado pese a las advertencias que se hacían a un funcionario sordo a toda razón, todo argumento.

Entre otras barbaridades, este señor provocó una enorme cárcava en el bulevar Tutunichapa, al desviar tráfico pesado hacia ese sector. Tuvo otra lustrosa ocurrencia: obligar a las personas que solicitan una licencia de conducir a someterse a un “examen sicológico” por el cual se cobran cinco dólares, que se tienen que pagar allí, no en línea o en un banco. ¿Quién se embolsó ese dinero?, es lo que se pregunta la gente.

¿Qué sucede cuando un funcionario, efemelenista o no, autoriza una operación de negocios o entidades sin estar facultado por la ley para hacerlo? La Fiscalía tiene la respuesta.

El Sitramss fue una burla a los salvadoreños, por lo que la Fiscalía debe proceder a formar causa contra los que maquinaron y se lucraron con dicho negocio, como lo han solicitado los transportistas tradicionales.

En primera instancia, la misma Sala de lo Constitucional ha revelado que el expresidente Sánchez Cerén y su exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, confesaron que el Sitramss se echó a andar sin tener el aval de la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución.

Con juegos de palabras, trataron de engatuzar a los magistrados

La Sala hace notar que la intentaron confundir con ambigüedades y juegos de palabras, para justificar la arbitrariedad, pero confirmó por sí misma qué fue lo que hicieron usando incluso fondos públicos para un negocio privado.

Los magistrados han fijado un plazo de un año a la Asamblea para concesionar el Sitramss o descartar el proyecto, pero la ciudad no puede seguir sufriendo tanto tiempo ese engendro, por lo que debe de una vez ordenar su demolición, retirar los separadores y las estaciones y viabilizar el tráfico en el Bulevar del Ejército y la Alameda Juan Pablo II.

Resuelto el caso del Sitramss hasta este punto, el reto siguiente es ordenar el caos del transporte. Se nos dice que hay fabricantes de autobuses que tomarían en sus manos reemplazar la chatarra actual si se les conceden rutas. De nuevo, es de estudiarlo.

Buena suerte, nuevos funcionarios del MOP, en cumplir con sus lógicos cometidos. Recuerden que llamar a conocedores y grupos pensantes para buscar soluciones es de urgencia.

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